Los sacerdotes que no informen a la policía sobre sospechas de abusos sexuales a menores podrían enfrentarse a cargos penales en Australia, aunque conozcan los hechos bajo secreto de confesión. Es una de las recomendaciones al Gobierno australiano de la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, incluidas en su informe dado ayer a conocer.
Esta comisión empezó a trabajar en el año 2012 es la instancia de mayor rango de investigación del país y recomendó que Australia introdujera una nueva normativa que convirtiera en delito no informar sobre el abuso sexual infantil en un ambiente institucional. Y los sacerdotes que se enteren de estas agresiones durante una confesión religiosa no estarían exentos. No se debe otorgar “ninguna excusa, protección o privilegio” a los sacerdotes que no alerten a la policía por considerar que la información sobre los abusos sexuales se obtuvo mediante la confesión”, dice el informe.
Si tal ley se impusiera realmente, los sacerdotes tendrían que elegir entre seguir el derecho penal o el derecho canónico, que les prohíbe revelar lo que escuchen durante la confesión.
“El derecho a practicar las creencias religiosas debe adaptarse a la obligación de la sociedad civil de procurar la seguridad de todos y, en particular, la seguridad de los niños contra el abuso sexual”, dice el informe. Y consideran que la información a la policía es clave para esa seguridad frente a los abusos.
La Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, recibió denuncias de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución entre 1980 y el 2015, aunque algunos casos se remontan a los años veinte. A principios de año, varios arzobispos australianos admitieron que la respuesta de la Iglesia católica del país ante los casos de pederastia fue equivocada y rozó la “negligencia criminal”.
La comisión, creada en el 2012, persigue mejorar la atención a las víctimas y sancionar con mayor severidad a los agresores como a aquellos que “fracasan” en la protección y en la denuncia de las agresiones. “En los casos de abusos sexuales se trata generalmente de una palabra contra otra, y se carece de testigos o evidencias científicas o médicas. Los demandantes generalmente tardan años o décadas en denunciar el abuso”, dijo el director ejecutivo de la comisión, Philip Reed, en un comunicado.
Tras conocerse el informe, el director ejecutivo del Consejo de Verdad, Justicia y Reconciliación de la Iglesia católica, Francis Sullivan, dijo que si las recomendaciones se convierten en ley, los miembros del clero se verán obligados a “obedecer la ley o sufrir las consecuencias”.
Entre las 85 recomendaciones del informe se incluye además la del cambio en las leyes para que los delitos de pederastia sean sancionados con los estándares vigentes en ese momento, y no con los de la época en que se cometió el delito, aunque limitando la pena máxima.
Irlanda, tras el escándalo por los abusos sufridos durante décadas por niños a cargo de instituciones de la Iglesia, adoptó una legislación semejante, pero su aplicación aún no está clara.
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