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Otto Pérez Molina involucrado en presunto sobornos con empresa española

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

Un nuevo caso de presunta corrupción involucra al ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, que permanece detenido a la espera de juicio desde que se viera obligado a dejar la presidencia el año pasado.

Esta vez se trata de un presunto cobro de sobornos por US$25 millones después de la negociación y posterior concesión de Puerto Quetzal a una empresa española, dinero que luego repartió entre varios colaboradores de su gobierno.

La información fue brindada por la fiscal general, Thelma Aldana; el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas; y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el viernes.

«Podemos afirmar que el ex presidente utilizó su cargo con este negocio para obtener beneficios económicos directos y en detrimento del país», dijo en rueda de prensa Iván Velásquez, jefe de la CICIG, un ente investigador autónomo respaldado por la ONU y Estados Unidos que colabora con el Ministerio Público.

Esta nueva acusación se produce meses después del escándalo conocido como «La Línea», un caso que llevó a la renuncia del ex mandatario el año pasado.

Pérez Molina se encuentra preso a la espera de juicio por supuestamente liderar una organización aduanera que estafó millones de dólares al fisco.

Según las pesquisas, Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, acordaron cobrar casi US$25 millones en cuotas entre 2012 a 2015.

Los fiscales aseguran tener pruebas documentales de que los ex funcionarios y el resto de una red recibieron parte de los pagos acordados.

El gobierno de Pérez Molina adjudicó, en 2012, a la compañía Terminales Contenedores de Barcelona un contrato para construir y gestionar durante 25 años una terminal en Puerto Quetzal, el más grande del país centroamericano.

El proyecto estaba valorado en US$126 millones y tenía que ser financiado en gran parte por fondos del Banco Mundial.

La compañía española debía aportar US$8,5 millones.

Además de Baldetti, quien también está en prisión, está señalado Douglas René Charchal, magistrado de la Corte Suprema, contra quien se pedirá un antejuicio para poder investigarlo, dijeron las autoridades.

El viernes, la policía detuvo a nueve personas, incluido el director general de la filial de Terminales Contenedores de Barcelona en Guatemala, el español Juan José Suárez.

Todos enfrentarán acusaciones por diversos delitos como asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

También se realizaron 20 allanamientos en los que se incautó documentación que será analizada por el Ministerio Público y la CICIG.

La colaboración de este cuerpo colegiado fue clave en la renuncia y enjuiciamiento de varios funcionarios de alto rango del Gobierno el año pasado.

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