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Otro revés contra Dilma Rousseff se abre la puerta a un juicio político

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

El Tribunal de Cuentas (TCU) de Brasil ha rechazado por unanimidad las cuentas del año 2014 presentadas por la presidenta Dilma Rousseff, lo que abre la puerta a un potencial ‘impeachment’ (juicio político) contra la mandataria brasileña.

Los ocho miembros titulares del tribunal entienden que se han cometido irregularidades en el gasto de su Gobierno y han decidido enviar al Congreso una propuesta de rechazo a las cuentas Dilma. La última vez que el organismo rechazó las cuentas de un jefe de Estado fue en 1937, durante el Gobierno de Getúlio Vargas.

De acuerdo con el fallo, Rousseff cometió una serie de irregularidades para cubrir un amplio déficit fiscal correspondiente al año 2014, tal y como ha informado el diario brasileño ‘O Globo’. Aunque la decisión no es legalmente vinculante, podría ser utilizada por la oposición para generar un caso de juicio político contra Rousseff en el Congreso.

El despacho de Rousseff ha dicho que no existen fundamentos legales para el fallo y afirma a través de un comunicado que el tribunal sancionó indebidamente acciones adoptadas por su Gobierno para mantener activos los programas sociales que favorecen a los pobres del país.

Los líderes opositores han celebrado el fallo, pero no está claro aún cuándo podrán actuar o si tendrían el apoyo suficiente para lanzar un proceso contra la presidenta a pesar del creciente escándalo que involucra a la estatal Petrobras y de la recesión más grave de Brasil en 25 años.

Este revés para la presidenta llega un días después de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) decidiese reabrir una acción del principal partido de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que pide la impugnación de los mandatos de Rousseff y del vicepresidente Michel Temer por presuntas irregularidades en la campaña electoral.

La petición llegó al TSE el 2 de enero, un día después de que Rousseff iniciara formalmente su mandato, pero el tribunal la archivó en febrero. Sin embargo, ahora los magistrados han decidido por cinco votos contra dos reabrir el caso.

También acusaron a la presidenta de manipular indicadores socioeconómicos para maquillar los datos de pobreza en el país, de gastar más de lo que informó a la Justicia Electoral e incluso de haber financiado parte de su campaña con dinero sucio proveniente de la trama de Petrobras.

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